CRIMEN Y CASTIGO

Crimen y castigo

José Ugaz, Abogado Una vez más, a raíz de la reciente propuesta presidencial, se calienta el escenario público con el debate sobre la pena de muerte para los violadores de menores. Lo primero a tener en cuenta es que no hay novedad en el tema. Como suele ocurrir con los asuntos de gran impacto emocional y que, además, involucran principios fundamentales y posiciones éticas --el aborto, la eutanasia y los derechos humanos, entre otros-- la polémica es interminable. En resumen apretado, podríamos esquematizar los argumentos puestos sobre la mesa de la siguiente forma: A favor: 1) Es un disuasivo. 2) Elimina un peligro social (profilaxis social). 3) Semejantes "monstruos" irrecuperables no merecen vivir ni que se tenga consideración alguna con ellos (venganza social). 4) Ahorra los costos penitenciarios que implica mantener de por vida o por muchos años seres tan despreciables como los violadores. En contra: 1) Está probado que no disuade y mucho menos a los delincuentes violentos o patológicos. 2) La alta tasa de error y/o arbitrariedad judicial causaría muertes de inocentes. 3) Nadie, incluido el Estado, puede disponer de la vida de terceros. 4) El objetivo de la pena es resocializar al condenado, lo que es contradictorio con una ejecución. Investigaciones realizadas por una organización seria como Amnistía Internacional, han demostrado, con sólidos argumentos, que la pena de muerte no es un disuasivo. Comparaciones realizadas sobre el índice de delitos violentos en países o jurisdicciones colindantes, demuestran que en muchos casos la comisión de estos es menor en países o estados que no contemplan la pena de muerte que en aquellos que sí la prevén y la aplican. Si la pena de muerte fuera un disuasivo, lo obvio sería que la tasa de estos delitos debería caer allí donde existe, lo que no ocurre. Al comparar en un mismo país la frecuencia de comisión de delitos sancionados con pena de muerte antes y después de adoptarla, se ha determinado que no hay una reducción luego de implementada la pena capital, llegando incluso, en algunos casos, a incrementarse su incidencia. En EE.UU., la mayoría de estados que aplican la pena de muerte tienen tasas de criminalidad mayores que aquellos que no la aplican (homicidios por 100.000 habitantes). Tal es el caso de California (6,7), Texas (6,1), Illinois (6,1), Florida (5,4), Virginia (5,2) que aplican la pena capital, versus Massachussetts (2,6), Wisconsin (2,8), West Virginia (3,7), Minnesota (2,2) y Michigan (6,4) que no la han adoptado. Es más, si se compara dos estados vecinos y muy similares en su realidad como Nebraska y Iowa, resulta que el primero que sí aplica la pena de muerte tiene un índice de 2,3 homicidios por 100.000 habitantes versus el segundo --que no la aplica-- con un índice de 1,6. Otro ejemplo para tener en cuenta es Canadá, donde después de 27 años de abolida la pena de muerte, se ha constatado que la tasa de homicidios cayó en 44% en comparación con la época en que esta estuvo vigente para ese tipo de delito. Esta irrefutable realidad obliga a sincerar el discurso. Quienes abogan por la implementación de la pena de muerte deben ser claros al señalar que la única razón que sustenta tal opción, es la de eliminar físicamente a las personas que cometen un acto tan atroz como la violación de un menor de edad, ya sea para vengar y castigar la comisión de un crimen abominable, ya sea para desaparecer a quien constituye un peligro para la sociedad. Para quienes no creemos en esta opción, más allá de las razones éticas que fundamentan el abolicionismo, subsiste la grave objeción relativa al error o arbitrariedad judicial. Basta la posibilidad de que un solo inocente sea ejecutado por las deficiencias del sistema de administración de justicia --que son varias-- para objetar la adopción de esta medida. Hace algunos años fui requerido para intervenir en la defensa de 'Beto', un joven ex interno del puericultorio Pérez Araníbar, afectado por retardo mental moderado, a quien se acusaba de haber violado y asesinado a una niña de 8 años de edad --también interna del puericultorio--, cuyo cadáver apareció una madrugada con signos de violación en la piscina vacía de dicha institución. Según el atestado policial con el cual fue remitido detenido a la Fiscalía, 'Beto' --quien fue presentado en conferencia de prensa como el "Monstruo del puericultorio"-- había confesado ser el autor del crimen y narrado con lujo de detalles cómo violó y asesinó a la menor. Varios meses después, luego de una intensa batalla judicial, se pudo demostrar que 'Beto' nunca estuvo en el escenario del crimen y que la investigación había sido manipulada para incriminarlo injustamente, arrancándole la confesión a la fuerza mediante maltrato físico, psicológico, y actos de tortura. Si 'Beto', como ocurre usualmente con los imputados por este tipo de delitos, hubiera carecido de defensa, hoy estaría condenado; y si hubiera existido la pena de muerte, seguramente habría sido ejecutado. No se trata de justificar crímenes tan repugnantes como las violaciones de menores seguidas de muerte. Sin embargo, ello no puede llevar a que el ánimo de venganza y/o el temor (exacerbados por la prensa amarilla y campañas mediáticas), justifiquen la adopción de medidas que --más allá de su viabilidad jurídica-- no solo no resuelvan el problema de fondo, sino que, por el contrario, incrementen la nefasta estadística de los muertos inocentes que, por desgracia, se cuentan por miles en nuestro doliente país.